Deterioran deliberadamente la educación pública para convertirla en mercancía

El fraude en la empresa pública Emarsa equivale al dinero que la Conselleria de Educación les debe actualmente a colegios e institutos públicos; el canon anual de la Fórmula 1 es igual al coste de construcción de tres centros escolares para 450 alumnos; la Ciudad de las Artes y las Ciencias supone la misma inversión que 30 años de presupuesto de la Universitat de València; con los 183 millones de euros gastados hasta ahora en la Fórmula 1 podrían haberse construido 26 centros públicos de primaria, 28 institutos de secundaria, 6 hospitales de tipo medio más 18 años de presupuesto de investigación en el Instituto Príncipe Felipe.
Los estudiantes valencianos de universidades y enseñanzas medias esgrimieron estos argumentos en la jornada de encierros del 28 de febrero y en la huelga general del día siguiente contra los recortes en el sector educativo. Dos estudiantes universitarios de la organización Acontracorrent, María Sánchez y Pablo Gallent, hacen balance de unas protestas en las que han participado directamente, y de la represión que han sufrido estudiantes y ciudadanos en la última semana. Opinan que la educación pública se está deteriorando “deliberadamente”, con el fin de convertirla en una mercancía en manos de las empresas privadas.

María Sánchez y Pablo Gallén, de la organización estudiantil AContracorrent, hacen balance de la huelga general de estudiantes del 29-F

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